El con icto armado interno que padeció el Perú, entre los años 1980 y el 2000, no sólo fue el de mayor duración, magnitud, extensión, intensidad, sino también el que ocasionó el mayor número de víc mas y cuan osos costos económicos. Encierra un gran número de acontecimientos, de hechos que realmente ocurrieron, de historias narradas por quienes las vivieron, historias de espanto, de hechos tan crueles y sangrientos que por momentos resulta di cil creer que hayan sido come dos por seres humanos.
Lamentablemente muchos de nuestros compatriotas no quieren conocer, ver, entender, ni descubrir la extrema violencia, la crueldad y el dolor que padecieron y con núan sufriendo decenas de miles de nuestros hermanos. Resulta penoso admi rlo, pero en nuestro país un sector de la población se muestra distante, indiferente, no le interesa conocer la verdad.
Por ejemplo, en el Perú existen más de 15 mil desaparecidos como consecuencia de la violencia interna. Frente al padecimiento de sus familiares el aparato estatal, salvo algunas honrosas excepciones, los polí cos y el sistema judicial no han cumplido a cabalidad con sus obligaciones y responsabilidades más allá de ocasionales discursos en fechas conmemora vas, palabras que apenas pronunciadas quedan en el olvido.
Esta dolorosa situación de indiferencia absoluta, de olvido intencional, de impunidad, ha generado en nuestro país una herida que, a pesar de los años transcurridos, permanece abierta, sangrante. Esta situación de injus cia impide la reconciliación y cons tuye uno de los principales problemas que padece nuestro país.
Siempre me pregunto por qué la desidia, el desinterés, la indiferencia, por qué las víc mas y sus familiares resultan personas tan lejanas y diferentes a “nosotros”. Desde las profundidades de nuestra sociedad suplican por jus cia y verdad y nosotros casi siempre nos negamos a escucharlos. No les brindamos ninguna atención, a tal punto que en varios casos en nuestro país los vic marios, los criminales reciben mejor trato y consideración que las víc mas y sus familiares.
Nunca nos detenemos a pensar en que, si en lugar de “ellos” nosotros fuéramos las víc mas, qué po de trato nos gustaría recibir por parte del aparato estatal. Estoy seguro que exigiríamos el estricto cumplimiento del debido proceso y de los derechos fundamentales de la persona, demandaríamos un trato justo y solidario.
Ante hechos que conocen a cabalidad y comentan a media voz teniendo a la vista las estadís cas de los despachos scales y judiciales, la gran prensa, los polí cos, la policía, los scales y los jueces no realizan el mayor esfuerzo para rever r esta situación. El Estado y sus ins tuciones encargadas de defender y proteger a la persona humana no cumplen en rigor con el mandato cons tucional y legal.