7 abril, 2017
APRODEH y CIVICUS presentan informe al Examen Periódico Universal de la ONU
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) presentaron un informe conjunto para el Examen Periódico Universal (EPU) de Perú en Naciones Unidas, que se realizará en noviembre del presente año. Con esta finalidad, seleccionaron 15 recomendaciones recibidas en ocasión del primer EPU (2012) sobre libertad de asociación; situación de defensoras y defensores de derechos humanos, activistas y periodistas; libertad de expresión y libertad de reunión.
El informe constata el grave estado de incumplimiento de las recomendaciones anteriores, realizadas por diversos Estados miembros de Naciones Unidas, y evidencia las restricciones existentes al ejercicio de la libertad de asociación, reunión y expresión; el uso indebido de normas penales para incriminar a defensoras y defensores; el alto grado de impunidad del uso letal de la fuerza policial; así como el déficit de participación y consulta a los pueblos indígenas como factor de conflictividad social.
Entre las nuevas recomendaciones formuladas por APRODEH y CIVICUS, el pasado 30 de marzo, destacan:
- Suprimir las restricciones legales a la libertad de asociación sindical y abstenerse de hostigar y estigmatizar a las organizaciones de sociedad civil.
- Establecer un mecanismo nacional de protección para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades sin temor, obstáculo indebido o acoso legal o administrativo, de conformidad con la resolución 27.31 del Consejo de Derechos Humanos.
- Modificar el artículo 200 del Código Penal para que el delito tipificado como extorsión no sea aplicado a defensores de derechos humanos por tomar parte en protestas sociales.
- Evitar la violencia contra defensoras y defensores indígenas y sus territorios, garantizando el derecho a consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas, conforme a las obligaciones internacionales existentes.
- Garantizar la seguridad y la integridad física de los periodistas durante manifestaciones públicas, mediante la capacitación de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de protocolos policiales basados en procedimientos no violentos.
- Derogar el artículo 20.11 del Código Penal que exime a los agentes militares y policiales que provoquen lesiones o muertes de responsabilidad penal por sus acciones.
- Abstenerse de suscribir convenios de seguridad privada entre la policía y empresas, evitando el conflicto de intereses en la función policial.
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