24 noviembre, 2015
Garantizar la seguridad exige el más estricto respeto de las libertades y unas políticas coherentes
FIDH, 24-11-2015.En los últimos días se han perpetrado terribles actos terroristas en Egipto, Turquía, Túnez, el Líbano y más recientemente en Francia, que han afectado a víctimas civiles de diversas nacionalidades. La FIDH y sus organizaciones miembros han expresado su profunda emoción, han denunciado estos crímenes atroces y cobardes y han transmitido sus condolencias a las familias de las víctimas.
Al mismo tiempo las tristes y numerosas lecciones aprendidas de la ya larga experiencia en este terreno les han llevado a advertir de los efectos potencialmente dramáticos que puede tener centrar la atención exclusivamente en la seguridad.
«En los lugares en los que desde 2001 la primacía absoluta de la seguridad ha dictado la estrategia política, ha imperado la arbitrariedad y se han desarrollado los extremismos e incluso los grupos terroristas. La arbitrariedad alimenta el terrorismo, ningún dirigente democrático razonable puede pretender ignorarlo» Karim Lahidji, presidente de la FIDH
Mientras la actividad terrorista de Daesh inicia una nueva fase internacional, la FIDH lanza un llamamiento solemne a los Estados afectados para que velen por garantizar la seguridad de la ciudadanía dentro del más estricto respeto de los derechos humanos y para que apliquen políticas nacionales y globales coherentes para luchar eficazmente contra este flagelo.
La lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía, que es a su vez un derecho fundamental. Esto puede adoptar diversas formas, como el refuerzo de los medios operativos necesarios para apoyar la acción de las fuerzas del orden y de inteligencia, la consolidación de la cooperación judicial internacional y la lucha contra la financiación del terrorismo. La doble calificación jurídica de los actos terroristas, como crímenes internacionales, y concretamente como crímenes contra la humanidad, debería asimismo permitir aportar una respuesta jurídica más global y coherente, ajustada a estos ataques programados y concertados cuya amplitud hoy conocemos, al tiempo que permite entender sus mecanismos.
La experiencia demuestra de un modo dramático que en ningún caso esta lucha puede actuar fuera de un marco de respeto al Estado de derecho y de la garantía del respeto de los derechos humanos, conforme a lo que establecen las normas internacionales. Las políticas y legislaciones de excepción adoptadas en el pasado en reacción a actos terroristas han demostrado su ineficacia. Han conducido siempre a violaciones, en ocasiones incluso sistemáticas y con frecuencia con total impunidad, de los principios que reivindican los propios regímenes afectados: racismo y discriminación en razón del origen étnico o nacional, violencias, neutralización de la justicia, vulneración del derecho a un juicio justo, amordazamiento de los medios de comunicación y de la sociedad civil, graves abusos contra la intimidad y la libertad de expresión, discriminación de las mujeres, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, poblaciones desplazadas y refugiadas.
Estas graves violaciones de los derechos humanos son hoy en día un hecho generalizado en muchas sociedades, para ciudadanos y ciudadanas cuyos regímenes han utilizado el miedo legítimo al terrorismo en su propio beneficio político. Las políticas centradas excesivamente en la seguridad, motivadas por la urgencia o por consideraciones electorales o a corto plazo, a menudo perduran. La excepción se transforma en norma, lo derogatorio se vuelve derecho común, lo provisional pasa a ser definitivo. Las graves violaciones que implican estas políticas alimentan en muchos países la incomprensión, la intolerancia, el repliegue identitario, el racismo e incluso el espíritu de venganza que del que se nutre el terrorismo. En muchos países estas políticas han sido desviadas de su objetivo para acallar toda protesta pacífica. La FIDH alerta de las consecuencias potencialmente desastrosas de estos planteamientos limitados exclusivamente a aspectos de seguridad y que conducen a la renuncia de la inteligencia colectiva, e insta a los dirigentes tentados por estas medidas a que tengan el valor político de resistirse a aplicarlas.
Las consecuencias de la Patriot Act aprobada en los Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001 o de las leyes centradas en la seguridad a ultranza adoptadas en Rusia, en Egipto y en otros muchos países resultan muy esclarecedoras a este respecto. Estas leyes han conducido a la criminalización de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil así como a graves violaciones de los derechos humanos, como la arbitrariedad de Guantánamo y de la prisión de Abou Ghraib, denunciadas finalmente en 2015 por un informe del Senado estadounidense al establecer la ilegalidad y la ineficacia de estas prácticas, que lejos de disminuir el terrorismo, han contribuido, por el contrario, a fortalecerlo.