11 mayo, 2017
Defensores de Derechos Humanos se imponen frente al poder arbitrario de Yanacocha
Por Mariano Paliza
El principio maquiavélico de “miente, miente, que algo queda” llega a su límite en el caso de las calumnias contra campesinos y dirigentes políticos y sociales, que levantó la minera Yanacocha para imponer sus intereses de querer imponer a toda costa un modelo de explotación minera, en Cajamarca, sin la menor consideración a los derechos de la población, de las personas y de la naturaleza.
Hace poco Máxima Acuña de Chaupe fue absuelta por segunda vez, en la Corte Suprema de Justicia (en 2014 ya la Segunda Sala de Apelaciones de Cajamarca lo había hecho), del supuesto delito de usurpación agravada imputado por la minera Yanacocha. Esta empresa acusaba a la campesina cajamarquina, que recibió el premio Goldman 2016 a los defensores del medio ambiente, de haber invadido su propiedad con violencia. Nada más alejado de la realidad, puesto que fueron las fuerzas de seguridad de la empresa que agredieron a la campesina cajamarquina, no sólo el día de los supuestos hechos, sino continuamente.
La defensa legal de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez, directora de la institución GRUFIDES (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), demostró tanto en el proceso seguido en Cajamarca como ante la Corte Suprema de Justicia del Perú, no haber argumentos sobre tal usurpación por parte de la defendida, y demostró que, por el contrario la familia Acuña Chaupe, vive desde hace muchísimos años en el fundo Tragadero Grande, y tiene títulos debidamente adquiridos de la comunidad Sorochuco de la Provincia de Celendín, Cajamarca.
Otros dirigentes sociales y políticos como Ydelso Hernández y Manuel Ramos, así como el congresista Marco Arana Zegarra, fueron denunciados por la minera por igual delito con argumentos completamente descabellados. En este caso se trató del retiro de unas tranqueras que la empresa colocó en vías públicas, como si fuera su propiedad privada. El retiro de las tranqueras fue un hecho impulsado por la organización de las Rondas Campesinas bajo supervisión y protección de las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Celendín. Sin embargo la empresa siempre buscó perjudicar a los dirigentes sociales y políticos que apoyan la defensa del medio ambiente.
Este caso también fue archivado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Celendín, quien considera no haber lugar a investigación, puesto que no existen actos delictivos, y se probó que los imputados no estuvieron en el lugar de los hechos. La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, se hizo cargo de este caso, logrando que la verdad se imponga ante el principio maquiavélico de “miente, miente, que algo queda”.